Vergonzoso: Acumar permite a las industrias que sigan contaminando el Riachuelo

Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron con dureza una reciente resolución de Acumar que, entre otras cosas, autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años.
Los representantes del Cuerpo Colegiado se reunieron con la titular de Acumar, Gladys González, a quien le presentaron varios documentos, uno de los cuales analiza la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
El Cuerpo Colegiado reprobó la forma en que se miden los elementos, ya que se fijaron los límites de concentración de contaminantes “sin considerar la masa total descargada ni el efecto tóxico de los contaminantes”.
Pero lo que más llamó la atención es que las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron contaminantes orgánicos persistentes a los elementos tóxicos que ya estaban autoriza-dos. Son siete: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas, como la 18.079, que en 1969 prohibió el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales.
Otra cuestión que alarmó a las ONG es que la resolución divide la Cuenca en tres tramos, y establece cuatro categorías de calidad de agua. Cada tramo tiene distintas metas en cuanto a la calidad de agua a la que aspira a llegar con el tiempo. Más allá de que los plazos son excesivamente amplios (entre 7 y 15 años), el Cuerpo Colegiado criticó que el anexo III establece que para ninguno de los usos de la cuenca es relevante monitorear la presencia de varios contaminantes orgánicos contaminantes como arsénico total, cadmio total o mercurio total.
Por esta situación, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que tiene a cargo la ejecución de una parte del fallo “Mendoza” de la Corte Suprema, le pidió al Cuerpo Colegiado que emita una opinión formal de la resolución.
Aseguran que el informe será contundente. Situación que preocupa principalmente a Gladys González en momentos que lanza su candidatura.