Un juez correccional de La Plata dio lugar al amparo presentado por un motociclista que tenía 5 multas pendientes de pago y no podía renovar su registro: resolvió que es inconstitucional un decreto provincial que exige contar con un libre deuda de infracciones como requisito indispensable para hacer la renovación.
La medida -adoptada por el juez Juan José Ruiz- no es la primera que se aplica contra esa disposición, que tampoco es exclusiva de la Provincia de Buenos Aires, sino que está vigente en muchos de los distritos más grandes del país, como la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes judiciales citadas explicaron que el juez ordenó a la comuna que prosiga el trámite de la licencia de conducir al motociclista afectado y declaró la inconstitucionalidad del artículo previsto en el decreto 532 del año 2009.
En su fallo, el magistrado consideró que el Estado “cuenta con un régimen específico para el cobro de deudas por multas” y citó como ejemplo el juicio de apremio.
“La paralización de un trámite de expedición de una licencia por la verificación de deudas de infracciones de tránsito vacía de contenido el juicio de apremio y transforma una sanción legal de multa o inhabilitación en una restricción de derechos”, detalló.
Lejos de ser un requisito exclusivo de la Provincia de Buenos Aires, el “libre deuda de multas” se aplica en la mayoría de los distritos nacionales, como por ejemplo la provincia de Santa Fe y Mendoza. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, al hacer la renovación es una de las tres cosas que debe pagar (además, la licencia y el certificado de antecedentes penales). De hecho, en 2017 se resolvió extender de dos a cinco años el plazo de prescripción, para equiparlo con el tiempo máximo de otorgamiento de las licencias, y así evitar que se especule con no pagar las multas y que se venzan antes de la renovación.