“Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, afirma el populoso refrán. Frase que bien podría aplicarse a la incoherencia que por estos días mantienen varios dirigentes políticos de la Región. Por un lado, defienden a ultranza el confinamiento decretado por el presidente Alberto Fernández ante la creciente ola de contagios de coronavirus en el AMBA. Y, cuando le tocan el bolsillo, se contradicen por el simple negocio aportado por la Conmebol. Negocio que pese a los masivos contagios sigue aceitado como si nada pasara, mientras que en su contracara los pequeños comerciantes, pese a la ayuda económica, están demolidos o casi fundidos.

La autorización de los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, como una excepción al confinamiento decretado, tiene que ver con cuestiones políticas y económicas –explica una fuente del gobierno nacional- que se imponen a la agenda cotidiana de la pandemia. El impacto económico de la televisación, sobre todo, y con las Eliminatorias y la Copa América en el horizonte, explican que el Gobierno Argentino no pueda suspender los cotejos organizados por la Conmebol, a diferencia de los partidos y torneos locales, que los organiza AFA.

Hay mucha plata en juego. Y mucho poder en el medio. Mientras el esfuerzo recae fuerte sobre pequeños y medianos comerciantes e industriales, que muchos de ellos no dudan en bajar definitivamente sus persianas, el show tiene que seguir pese a los contagios masivos que se producen. Un ejemplo de ello es River, que se presentó a jugar con 11 jugadores, sin suplentes y un jugador de campo lesionado, improvisando como arquero. Todo porque la Conmebol presiona a los clubes para que, si o si, se presenten a jugar. Caso contrario podrían ser suspendidos de las próximas competencias organizadas por ellos, con pérdidas millonarias para los clubes que representan.

En esa contradictoria situación se encuentran el gremialista camionero Hugo Moyano, presidente de Independiente de Avellaneda; Víctor Blanco, presidente de Racing, y el diputado Bonaerense del Frente de Todos, Nicolás Russo, presidente de Lanús. Cada uno por sus razones, pero todos preocupan al Gobierno. Aunque nadie quiere tomar una decisión que los “ofenda demasiado”, o les genere un “perjuicio económico” extremadamente alto.

El Gobierno de la Provincia bancó desde el primer momento al Presidente en todas sus decisiones en busca de preservar la salud de la población. Si fuera por su ministro de Seguridad, Sergio Berni, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, Axel Kicillof ya habría prohibido que se brinde el servicio de seguridad indispensable para que se haga un partido de fútbol en la Provincia.

Sin embargo, está el problema de exponer al Gobierno Nacional con esas objeciones. Razón por la cual los operativos de seguridad que supervisa la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que conduce Gustavo Gómez, y depende del mismo Berni, están listos para implementarse. Sólo falta la autorización del Ministro de Seguridad para dejar “tranquilos” a los presidentes de los clubes que temen un giro de último momento.

En la Provincia, solo esta semana juegan por diferentes Copas, Racing, Independiente, Lanús, Arsenal, Defensa y Justicia, y por problemas con los visitantes, Rosario Central que hace de local en la cancha de Banfield. Partidos que exponen la incoherencia de la normativa en beneficio de unos pocos. Pocos, pero poderosos con negocios millonarios.

Un problema que no es exclusivamente de la Provincia, también le pega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los partidos de Boca, River, Vélez y Argentinos Juniors.

La contra ara son los pequeños comerciantes que, pese a la ayuda económica, están demolidos o casi fundidos. Devastados psicológicamente por lo que la pandemia les ocasionó.

Un cóctel explosivo que –hasta ahora- nadie puede parar. O nadie quiere frenar. Mucho menos, hacer el esfuerzo para dar el ejemplo que tanto se pide desde Balcarce 50.