Ya en el año 2019, numerosos propietarios de parcelas y empresarios del Parque Industrial de Quilmes (PIQ) le enviaron a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de Quilmes el pedido de intervención del lugar por las diversas irregularidades, desde contables, administrativas y operativas que venían ocurriendo – y ocurren- en el mismo Polo Industrial, hasta las diferentes causas judiciales iniciadas contra el administrador del lugar, Ignacio Carpintero.
En aquel extenso texto de 6 hojas, los firmantes, entre los que se encontraba Boris, dueños de la empresa incendiada, pidieron intervenir el PIQ «de manera pronta y urgente».
Nadie escuchó el pedido formal de los empresarios.
Entre los reclamos de aquel entonces, ya aparecía la necesidad de instalar un Cuartel de Bomberos en el PIQ de manera urgente, lo que mencionaba una vieja ordenanza y un contrato firmado.