La Asamblea de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola se declaró en Estado de Alerta ante la posibilidad de la derogación de leyes ambientales fundamentales para la conservación, preservación y cuidado de nuestros Bienes Comunes, explicitadas en las reformas impulsadas por el DNU N 70/23 y el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (0025-PE-2023) enviado al Congreso Nacional por el Presidente Javier Milei.

“Este accionar es inadmisible tanto por la forma de proceder (con medidas como el decreto las reformas se imponen, pasando por encima el procedimiento debido para la reconsideración de legislación vigente, decidiendo de manera unilateral y autoritaria la modificación de cuestiones tan sensibles como son las políticas de preservación ambiental –por ejemplo: la derogación de la Ley de Tierras es un aspecto que atenta directamente contra la soberanía sobre nuestros bienes comunes; la desarticulación del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables quita un medio con el que el Estado incentiva la transición a energías renovables; ambas cuestiones se decidieron sin ningún tipo de consulta previa-) como por el contenido de las propuestas, que amenazan las capacidades que nuestra Nación tiene y debe utilizar para la preservación del medioambiente”, explicaron.

Asimismo, los ambientalistas piden que la conformación de una comisión específica de ambiente para tratar los artículos que refieren a la modificación de la Ley de Glaciares, Ley de Bosques, Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Ley de Fertilizantes y todos los artículos con incumbencia en materia ambiental. “La razón de esta exigencia se ve en las graves implicaciones de las modificaciones planteadas: la reforma a la Ley de Bosques propone quitar la protección a zonas rojas y amarillas, habilitando así los desmontes, previa autorización de la autoridad de aplicación, de todo bosque; la transformación a la Ley de Quemas propone autorizar el uso del fuego como herramienta de desmonte (se otorgarían permisos por la autoridad de aplicación, que, incluso, en caso de no responder, estaría dando un acuerdo tácito a la quema); la reforma a la Ley de Glaciares busca quitarle protección a la zona periglacial y habilitar su explotación para la obtención de recursos; la transformación de la Ley de Fertilizantes propone la libre circulación de agroquímicos sin regulación estatal”, afirmaron.

“Toda modificación a Leyes, Tratados y/o Convenios en defensa y protección de la biodiversidad sin la consulta libre, previa e informada es anticonstitucional y atenta contra lo tangible e intangible que comprende a la TIERRA, la BIODIVERSIDAD, como SUJETO DE y CON DERECHO. Es prioritario tener en cuenta la aplicación de dichas legislaciones a nivel regional, como así también exigir las herramientas necesarias para paliar los embates ambientales de acuerdo a las características naturales actuales de cada región”, aseguraron en el comunicado.

Al finalizar, reclaman por el DERECHO A UN AMBIENTE SANO.