Durante las reuniones se explicó a los dueños de las casas las responsabilidades que conlleva este tipo de actividad comercial sin ningún tipo de control sanitario, ni de seguridad, incumpliendo con leyes y ordenanzas municipales vigentes.
Esta fue una ardua labor desarrollada por el Defensor del Pueblo, que llevo varias semanas de investigación y recaudación de datos que aportaban los vecinos para concluir en reuniones individuales con los responsables de las viviendas.
Al concluir cada una de esas reuniones, las partes, encabezadas por Daniel García celebraron un acuerdo mediante el cual se comprometían a no prestarse más a éste tipo de actividades.