«La Suprema Corte de Justicia de la Provincia. de Buenos Aires quiere llevar adelante la privatización de las diligencias y notificaciones que realizan las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones y los Juzgados de Paz, incorporando la posibilidad de que las cédulas y los mandamientos puedan ser diligenciados por empresas de correo o abogados de la matrícula», denunciaron los Judiciales Bonaerenses.

Y manifestaron que esta privatización, tiene varios puntos oscuros, como los que se leen a continuación:

1- Afecta el derecho a la defensa y el debido proceso.

2- No garantiza la imparcialidad de quienes realizan las diligencias.

3- Generan una justicia para ricos y otra para el resto.

4- Fomenta una justicia más sectaria y alejada de la sociedad en vez de un Poder Judicial eficiente, imparcial, al servicio y al alcance de todas y todos los ciudadanos.

5- Contradice la legislación vigente ya que el artículo 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As. le confiere exclusivamente a los funcionarios públicos (oficiales notificadores y de justicia) la realización de actos procesales específicos.

6- Castiga a las y los trabajadores de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones que desde hace años vienen reclamando y peleando por más presupuesto y mejores condiciones de trabajo.

7- Transforma puestos de trabajo estables y genuinos en puestos de trabajo precarios y temporarios, que no aportan al Instituto de Previsión Social con lo cual también se afecta nuestra caja jubilatoria.

Añadieron que «La Suprema Corte pretende privatizar una función jurisdiccional que le es propia e indelegable, poniendo en manos de terceros funciones inherentes al Poder Judicial. Sólo los Oficiales de Justicia y Notificadores garantizan una justicia imparcial, el debido proceso y el derecho de defensa. Sólo ellos dan fe de sus actos. Por lo cual su actuación no puede delegarse, sustituirse ni prorrogarse en sujetos privados».