La Cámara Federal de Casación rechazó los planteos de cuatro ex intendentes procesados como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de tratamiento de residuos llamado GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) entre 2013 y 2015. 

El procesamiento había sido dictado por el fallecido juez Claudio Bonadío, hace más de dos años, y la causa investiga el desvío de más de 604 millones de pesos que recibieron de la cartera de Medio Ambiente para mejorar el tratamiento de la basura en sus municipios. Los exintendentes apuntados son de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez; Juan Enrique Orellana, de Famaillá, Tucumán; Francisco Durañona y Vedia, de San Antonio de Areco, y Carlos Racciatti, de Lezama.

En la causa están acusados otros 40 ex intendentes y tres ex jefes de Gabinete: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, todos en vía de llegar a juicio oral y público.

En el expediente se señala que más del 75% de los proyectos no fueron realizados o completados, a pesar de que recibieron los fondos del Ejecutivo. Además, expresa "arbitrariedad" en la distribución, ya que el 80% de las partidas habrían sido enviadas a municipios de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz, principalmente.