A dos días de cumplirse un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda, la Mesa Popular de Quilmes (MPQ) marchó este martes desde Vicente López y Carlos Pellegrini hasta el Puente 14 de Agosto, donde se realizó un emotivo homenaje a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados el 26 de junio de 2002 por las fuerzas de seguridad en una represión que marcó un antes y un después en la historia reciente del movimiento popular.
Encolumnados con estandartes que llevaban los rostros de Darío y Maxi, la movilización recordó no sólo a los caídos, sino también a los más de treinta heridos con balas de plomo que dejó aquel operativo, mientras miles reclamaban trabajo y dignidad en una Argentina atravesada por una crisis social y económica sin precedentes. En ese momento, más de cinco millones de personas estaban desocupadas. La protesta fue respondida con plomo.
La represión fue ordenada por el entonces presidente interino Eduardo Duhalde, presionado por los gobernadores, los grupos económicos y los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional. Aquel 26 de junio, el Estado decidió enviar un mensaje disciplinador al pueblo, desplegando un operativo represivo conjunto de la Policía Bonaerense, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El operativo fue planificado con precisión: cortar el puente, aislar a los manifestantes, infiltrarlos, detenerlos, amedrentarlos y, como se supo después, dispararles.
Los responsables materiales de los asesinatos fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, hoy, a más de dos décadas de los hechos, uno de ellos, el cabo Alejandro Acosta, ya se encuentra en libertad tras haber cumplido la mayor parte de la condena. El otro, el comisario Alfredo Fanchiotti, continúa detenido, aunque su defensa ha solicitado la libertad condicional.
Pero mientras los autores materiales pasaron por la Justicia, las responsabilidades políticas siguen impunes. Los jueces federales de Comodoro Py, que aún hoy no avanzan en juzgar a quienes diseñaron y avalaron la represión desde los despachos oficiales, son los mismos que hoy persiguen y proscriben a líderes populares como Cristina Fernández de Kirchner. Esa doble vara judicial es una herida abierta en nuestra democracia.
La Masacre de Avellaneda significó también el principio del fin del poder político de Eduardo Duhalde, quien tras la presión popular se vio obligado a adelantar las elecciones y abandonar sus aspiraciones presidenciales. Aquella masacre no sólo asesinó a dos compañeros, sino que también dinamitó el intento de imponer un modelo de país basado en la represión.
Arriba del Puente 14 de Agosto, los testimonios cargados de memoria viva emocionaron a los presentes. Hablaron compañeros que estuvieron ese día, como Orlando Agüero y José Medina, ambos parte del MTD de Quilmes en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Medina, herido con bala de plomo aquel 26 de junio, recordó con voz firme: “Nos mataron por pedir trabajo, pero no pudieron matar nuestras ideas”.
Hoy, en un contexto donde las políticas del gobierno de Javier Milei reeditan un modelo de exclusión y ajuste, la figura de Darío y Maxi vuelve a hacerse carne en las calles. Ellos no son solo mártires: son bandera de una generación que no se resigna, que sigue luchando, que se organiza y que vuelve una y otra vez al puente a sembrar memoria.
