Gobierno Nacional avanza con la privatización de AySA y habilita el Corte de Agua por falta de pago
El Gobierno nacional dio un paso decisivo hacia la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al publicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025 en el Boletín Oficial. La medida, que aprueba un nuevo marco regulatorio para el servicio, tiene un doble impacto: consolida el camino para la venta total de la empresa al sector privado y, por primera vez, habilita explícitamente el corte total del suministro de agua potable a los usuarios morosos.
Fin de la Restricción: Ahora Rige el Corte
El cambio más sensible para los usuarios reside en la modificación de la potestad sancionatoria de la empresa. Históricamente, el marco normativo solo permitía a AySA la “restricción” del servicio (una reducción del caudal de agua) para usuarios residenciales con deudas, garantizando un caudal mínimo por considerarse el agua un derecho esencial.
El nuevo DNU 805/2025 elimina esta limitación, permitiendo la “interrupción” o corte total del servicio bajo los siguientes plazos:
• Usuarios Residenciales (Hogares): Corte permitido por falta de pago con una mora de 60 días (contados a partir del segundo vencimiento).
• Otros Usuarios (No Residenciales): Corte permitido con una mora de 15 días.
En ambos casos, la interrupción debe ser precedida por una notificación con al menos siete días hábiles de anticipación.
Un Marco para la Venta
El DNU 805/2025 se presenta como la herramienta que faltaba para dar “certeza jurídica” a los futuros inversores, un requisito considerado indispensable para la licitación. Este decreto complementa el DNU 493/2025 de julio pasado, que ya había incorporado a AySA al listado de empresas “sujetas a privatización” según la Ley Bases.
Críticos de la medida, incluyendo organizaciones de usuarios y ambientalistas, han señalado que, si bien el Gobierno argumenta la necesidad de eficiencia e inversión, el DNU representa una regresión en los derechos de los usuarios al convertir el acceso al agua, un derecho humano reconocido, en una mera relación comercial con riesgo de interrupción.