Esta mañana, el juez Armella ordenó una serie de allanamientos en las localidades bonaerenses de Quilmes, Florencio Varela, Solano y Berazategui. Estos operativos se llevaron a cabo en los locales de diversas organizaciones sociales como el MTR Histórico, el FADU, Barrios de Pie, Polo Obrero, el MTD Aníbal Verón, la Corriente Clasista y Combativa, y Libres del Sur. Con el apoyo de la Gendarmería y la Prefectura, estas acciones se realizaron en el marco de la investigación iniciada por el juez Casanello, que comenzó el pasado 20 de diciembre mediante denuncias anónimas recibidas a través de la línea 134.

La justicia argumenta que estas investigaciones están basadas en supuestos actos de extorsión. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes y la naturaleza anónima de las denuncias plantean serias dudas sobre la legitimidad y los verdaderos objetivos detrás de estos allanamientos. En un contexto donde las llamadas anónimas pueden ser fácilmente manipuladas, la credibilidad de estas acusaciones queda en entredicho.

Desde la asunción de Javier Milei, el gobierno ha intensificado un ataque sistemático contra las organizaciones sociales. Estas enfrentan la presión de los allanamientos, y medidas punitivas como la negativa de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de distribuir la mercadería acumulada en galpones de Villa Martelli y Tucumán, esencial para la subsistencia de muchas familias en situación de vulnerabilidad.

Es alarmante que en un país donde el 55% de la población vive en la pobreza y el 25% en la indigencia, el gobierno prefiere dirigir sus esfuerzos a perseguir a las organizaciones sociales en lugar de abordar las urgentes necesidades económicas y sociales. Estas organizaciones, lejos de ser criminales, son en muchos casos la última línea de defensa para quienes sufren las políticas de ajuste y austeridad implementadas por el actual gobierno.

La situación social que atraviesa Argentina es crítica. En lugar de encontrar soluciones a los problemas de hambre y miseria, el gobierno y una justicia alineada con sus intereses están empeñados en desarticular a quienes luchan en las calles por mejores condiciones de vida. Esta persecución es una clara muestra de autoritarismo y un intento de silenciar las voces disidentes que se oponen a un modelo económico que margina y empobrece a la mayoría de los argentinos.

La comunidad debe estar alerta y unida frente a estos ataques. Es imperativo defender el derecho de las organizaciones sociales a trabajar sin miedo a represalias y a continuar su labor en apoyo de los más necesitados. La historia ha demostrado que la solidaridad y la resistencia son fundamentales para enfrentar la injusticia y construir un futuro más equitativo.

Los allanamientos de esta mañana representan un ataque directo a las organizaciones sociales y un síntoma de una estrategia gubernamental que busca consolidar el poder mediante la represión y el miedo. En una democracia, el papel de la justicia debe ser defender los derechos de todos los ciudadanos, no servir como herramienta de persecución política. La lucha por un país más justo y solidario continúa, y es deber de todos apoyarla y resistir frente a la opresión.

Mesa Popular Quilmes