
Anunciar el envío de pliegos puede ser, en el mejor de los casos, una medida válida dentro del ámbito de la justicia federal. Pero pretender que eso tiene algún impacto en la crisis estructural de la justicia de la Provincia de Buenos Aires es, directamente, faltar a la verdad.
No se trata de una diferencia de matices. Se trata de competencias constitucionales básicas. El Ministro no designa, no propone y no incide en los nombramientos de jueces, fiscales ni defensores provinciales. Punto.
Mientras tanto, en la provincia, los tribunales funcionan con vacantes crónicas, sobrecarga de trabajo y un sistema que, en muchos casos, apenas logra sostenerse. Esa es la crisis. La real. La que no se resuelve con anuncios ni con discursos en actos institucionales.
Decir que se van a enviar pliegos en ese contexto no solo resulta inconducente: resulta cómodo. Porque desplaza la discusión hacia un terreno donde el Gobierno puede mostrar acción, aunque esa acción no tenga ningún efecto sobre el problema que dice reconocer.
Y ahí es donde el discurso deja de ser inocente.
Porque cuando se habla de crisis, pero se ofrecen soluciones que no aplican, lo que se está haciendo —deliberadamente o no— es construir una narrativa que confunde más de lo que esclarece.
La justicia necesita respuestas. Pero respuestas reales, concretas y en el ámbito donde corresponde. Todo lo demás es, apenas, una puesta en escena.
El Suburbano