
Este ajuste es criminal: pone en riesgo la vida y la salud de miles de niños que necesitan tratamientos, cirugías y diagnósticos vitales.
Es inadmisible e inhumano que el Estado decida ajustar donde más duele, atacando la salud pública y la infancia.
Exigimos la inmediata restitución del presupuesto y reclamamos que se respete el derecho de cada niño a recibir atención médica de calidad.
Desde la Defensoría, acompañamos a trabajadores y familias afectadas, y decimos con claridad:
¡Con la salud de los chicos no se juega!
Daniel García
Defensor del Pueblo de Avellaneda