La discapacidad está en emergencia. Un nuevo decreto pone en jaque al sector y vulnera derechos adquiridos. En la mañana del miércoles, frente a la quinta presidencial de Olivos, con una importante columna de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, se llevó a cabo una masiva movilización encabezada por el Foro Permanente de Discapacidad, entidades y asociaciones que agrupan a instituciones, Centros de Día, Colegios de la modalidad especial, Profesionales, y familias intentando frenar la arremetida oficial que ya está cuenta con dictamen firmado el 24 de mayo por la Secretaría de Legal y Técnica y que el Proyecto de Decreto N°/O 25 consigna: “Se determina que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 y su modificatoria fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”. Ahora solo falta la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Alberto Francos y el Sr. Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei.
De esta manera, el Gobierno y el organismo encargado del área, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejaría a las Escuelas Especiales, Centros de Días, Transportistas, Profesionales Médicos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Psicopedagogos, Terapeutas, entre otros, enfrentados con las Obras Sociales que pagarían según su voluntad, no abonando honorarios nomenclados, ni lo que corresponde, ni respetando los plazos de pago. Lo que en definitiva afecta directamente a las personas con discapacidad que se quedaría de esta forma sin escolaridad, atención ni asistencia. Por lo expuesto, y tal cual consigna el Decreto en cuestión, significaría que las Obras Sociales no estarán más obligadas a cubrir con la totalidad del 100% las prestaciones citadas como también las relacionadas a la atención médica (medicación, insumos etc.). Lo que implica una vulneración total de derechos adquiridos y retrotrayendo beneficios históricamente obtenidos en defensa, contención profesional y emocional y protección legal de las personas con discapacidad. La situación es grave, angustiante y de alarma para la comunidad ya que si este Decreto avanza será muy difícil que las Escuelas Especiales Privadas, Centros de Día y profesionales puedan seguir funcionando. Llevando a las instituciones al cierre definitivo y al desamparo de las personas con discapacidad.
