El gobierno deberá entregar los alimentos a los comedores y espacios comunitarios, informó el CELS (Centro Estudios Legales y Sociales). Así, la justicia federal le ordenó al Ministerio de Capital Humano que le dé continuidad a los programas no ejecutados o interrumpidos y garantice el derecho a la alimentación.
El juez contencioso administrativo federal dictó anoche una medida cautelar en la causa que iniciamos en febrero junto a la UTEP después de que el gobierno nacional cortara la entrega de alimentos en diciembre del año pasado.
"La medida es un paso importante para que se cumpla con las partidas presupuestarias ya asignadas para los programas y se ejecuten los fondos entregados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)", señalaron desde los sectores involucrados.
En la causa judicial todavía debe dictarse una sentencia que exija al Estado de manera continua y permanente cumplir con las políticas públicas alimentarias definidas por el Congreso Nacional en las leyes 25.724 y 27.642.
