El Juzgado de Familia Nº7 ordenó el cese inmediato de toda publicación que pueda identificar a la menor involucrada en un caso de violencia en Gerli. La jueza estableció multas diarias de $100.000 para quienes incumplan la restricción.

El Juzgado de Familia Nº7 de Avellaneda–Lanús, a cargo de la jueza Silvina Valeria Cerra, hizo lugar a una solicitud de la Municipalidad de Avellaneda y dictó una medida cautelar urgente para proteger la identidad y la intimidad de una niña de 7 años.

La resolución, notificada este 7 de diciembre, prohíbe de forma inmediata la publicación, reproducción o difusión de cualquier información, dato o imagen que permita identificar a la menor involucrada en un expediente de carácter reservado.

El Caso que Motivó la Acción Judicial

La medida se tomó a raíz de un violento episodio ocurrido el sábado pasado en una vivienda de Gerli. Allí, la niña de 7 años recibió una brutal golpiza por parte de un hombre, identificado con las siglas A. D.R., de 37 años. La madre de la menor también resultó atacada al intentar defenderla.

Ante la masiva exposición mediática de la niña, el área de Niñez del municipio de Avellaneda presentó un recurso ante la Justicia, que actuó rápidamente ordenando la protección.

Alcance de la Prohibición y Multas

La restricción dispuesta por el tribunal es de alcance amplio e incluye a:

• Redes sociales

• Señales de televisión

• Radios

• Portales digitales

• Cualquier otro medio de comunicación

La jueza Cerra fue clara al establecer una multa de $100.000 por cada día de incumplimiento para aquellos que persistan en la difusión de contenidos prohibidos.

Además, el oficio judicial ordena la eliminación de imágenes ya publicadas en cuentas de redes sociales vinculadas a la causa. La restricción busca garantizar el principio de reserva propio de los expedientes de familia y la protección integral de los derechos de la infancia.

El tribunal dispuso comunicar la medida a todos los medios de comunicación del país, a la Asesoría interviniente, a la UFI Nº2 (a cargo de la investigación penal) y al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Avellaneda, para su aplicación inmediata.