"Allanamientos violentos, personas detenidas y esposadas por un escrache. Un hecho que, como mucho, podría ser una contravención, hoy es tratado como un delito federal grave. La justicia es instrumento del gobierno en esta desproporción", señalaron desde el CELS.
"La criminalización selectiva es persecución política. El gobierno usa el aparato punitivo del Estado para amedrentar militantes. El sistema político entero empieza a estar condicionado por estas operaciones", agregaron.