Del grito de poder a un debate plural, informado y constructivo: un imperativo democrático en Argentina
* Por Pedro Vaca Villarreal, Relator especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es notable que las condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa se han deteriorado en la Argentina. Aunque esta situación guarda similitudes con la de otros países del continente, es preocupante advertir indicios de autocensura y violencia en un país que ha sufrido un alto costo por la represión de estas libertades, pero que venció el temor a la palabra y que ahora, más que nunca, debe proteger la esfera pública como un foro para la deliberación abierta y el desacuerdo constructivo.
En los más de 130 días que han transcurrido desde la investidura del actual gobierno, he recibido reportes preocupantes de ataques contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante manifestaciones sociales, violencia digital contra la prensa, y discursos estigmatizantes por parte de autoridades públicas, que cuestionan y desacreditan su labor, calificándolos como “mentirosos” y “la peor cloaca del universo”. Estas conductas distan de ser una mera discrepancia; la estigmatización y la descalificación, lejos de constituir vías democráticas, erosionan la calidad del discurso público.
Sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido enfático: los liderazgos públicos deben ejercer su libertad de expresión con una especial diligencia dada su alta investidura y capacidad de influencia y el potencial impacto de sus palabras en ciertos grupos de la población. Además, las autoridades públicas deben fundamentar sus declaraciones en hechos veraces, prevenir la violencia, fomentar la tolerancia y respetar los derechos humanos de forma inequívoca.
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