Las organizaciones sociales, piqueteras y cooperativas denunciaron que “el gobierno nacional avanza con un ajuste brutal sobre los sectores más pobres. El Ministerio de Capital Humano anunció la finalización del programa Volver al Trabajo, dejando sin ingresos a 950 mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular”.
Agregaron además que “se trata de quienes sostienen comedores, merenderos, espacios comunitarios, tareas de cuidado, producción, reciclado y servicios en los barrios, con un Salario Social Complementario congelado en $78.000 desde diciembre de 2023. Esta medida, en un contexto de más pobreza, despidos y caída del consumo, empuja a miles de familias a la indigencia y golpea de lleno la economía de los barrios populares, retirando del circuito más de $78 mil millones mensuales”.
Situación en Quilmes
En Quilmes el impacto es aún más grave: se recortan más de 30.000 salarios sociales, afectando directamente a trabajadores y trabajadoras que cumplen tareas esenciales en los barrios. Esto no solo deja sin ingresos a miles de familias, sino que desarma la red comunitaria que contiene la crisis social.
“En este escenario, crece el avance del narcotráfico en los barrios, que aprovecha la falta de trabajo, ingresos y contención para reclutar a nuestros pibes y pibas. La ausencia del Estado en materia social abre la puerta al delito organizado, que gana terreno donde se destruyen las políticas públicas y el tejido comunitario.
Además, el gobierno incumple sus promesas: lejos de generar empleo, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo y crece la desocupación. Este ataque busca desarticular la organización popular en los territorios, debilitando espacios que hoy son clave para enfrentar el hambre, la exclusión y el avance del narcotráfico.
Frente a esto, lanzamos un plan de lucha en todo el país”.
