Propone verificación facial, prohibición de la palabra "juego", bloqueo de sitios ilegales en 6 horas y que el 70% de las utilidades que hoy se giran al exterior se destine a clubes, cultura y deporte.

 

Los diputados bonaerenses Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto presentaron un proyecto de ley integral de prevención y regulación de apuestas en línea en la provincia de Buenos Aires, expediente D-3634/26-27, que apunta a regular una actividad que, según denuncian, genera un grave daño social y económico.

"Se tocan grandes intereses, es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante. Estas empresas todos los meses sustraen de la economía de la provincia una suma exorbitante, una parte menor de sus ganancias queda en el país ya que más del 70 por ciento de las utilidades se giran al exterior. Vienen generando un daño muy grande desde hace mucho tiempo, creemos que es necesario regularlas, controlarlas y hacer que empiecen a pagar. Llamarlas juego es una trampa, son lugares donde se realizan apuestas", sostuvo Tignanelli al presentar la iniciativa.

En la misma línea, remarcó el destino social de los fondos que creará la ley: "Con los fondos que crea la ley van a poder fortalecerse los clubes, centros culturales y centros de jubilados, que son los lugares donde los vecinos y vecinas de la provincia efectivamente se organizan como comunidad, y que vienen siendo sistemáticamente ignorados y castigados. Además, se financiará la prevención y el tratamiento de las personas con patologías producidas por la actividad y se podrá pagar una beca digna a todos los deportistas de alto rendimiento de la provincia de Buenos Aires".

LOS PUNTOS CLAVES DEL PROYECTO

1. Controles a los usuarios
El proyecto establece verificación facial en cada ingreso a las plataformas, cierre automático de sesión a los 60 minutos, bloqueo tras tres ingresos por día y la posibilidad de autoexclusión inmediata. Además, familiares o el Ministerio Público podrán solicitar a un juez la inscripción de una persona con ludopatía en el registro de autoexcluidos.

1. Publicidad bajo control
Se requerirá autorización previa para publicitar. Queda prohibida la publicidad en la vía pública, la dirigida a menores, los bonos y las apuestas gratis. Todas las piezas deberán llevar la leyenda obligatoria "Apostar no es un juego".

Uno de los puntos centrales es la prohibición de utilizar la palabra juego y cualquier expresión, imagen o recurso que presente la actividad como lúdica, recreativa o de entretenimiento.

1. Sanciones duras y fiscalía especializada
Si se comprueba que apostó un menor, se revocará automáticamente la licencia del operador.

Se crea la Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL) dentro de la Procuración General. Esta fiscalía podrá investigar de oficio, sin necesidad de denuncia, aunque el operador o sus servidores estén fuera de la provincia, siempre que la actividad esté dirigida a territorio bonaerense.

El Instituto de Lotería deberá avisar a la FEAIL de cualquier actividad ilegal en 24 horas y certificar la falta de licencia en 48 horas. La fiscalía podrá coordinar con organismos nacionales el bloqueo de sitios, el corte de medios de pago y el rastreo del dinero.

Como nueva herramienta penal, el juez podrá ordenar en un plazo de 6 horas el cese inmediato de la actividad ilegal, lo que incluye clausura, bloqueo de webs y apps, suspensión de medios de pago y retiro de publicidad.

1. El destino de los fondos
Los operadores deberán aportar el 100 por ciento de lo que gasten en publicidad, que se destinará a salud mental, y un 3 por ciento sobre los premios que paguen.

De ese 3 por ciento, el 70 por ciento irá a los municipios.

El reparto de ese aporte será 85/15: el 85 por ciento para entidades de bien público como clubes de barrio, sociedades de fomento, centros culturales y centros de jubilados, para equipamiento, obras y funcionamiento; y el 15 por ciento restante para becas de deporte de alto rendimiento para deportistas bonaerenses. Los deportistas con contratos con casas de apuestas quedarán excluidos y si firman uno durante la beca, la perderán.

Finalmente, el proyecto establece que las licencias nuevas deberán tener 100 por ciento de capital nacional, y que las empresas extranjeras que operen deberán dejar el dinero un mínimo de seis meses en la provincia.