
La Fiscalía, adelantó DataJudicial, sostiene que los administradores, en lugar de permitir el ingreso de los puesteros que pagaban su alquiler, usaron un "aforo" para hacer ingresar nuevos comerciantes. Este accionar se enmarca en el delito de "defraudación por desbaratamiento de derechos acordados".
Las defensas de los acusados argumentaron que las restricciones se debieron a la pandemia de COVID-19 y que los comerciantes no habían pagado el alquiler. Sin embargo, el juez Diego Carlos Agüero rechazó estos argumentos, considerando que hay suficiente evidencia para llevar el caso a juicio. Además, destacó que los imputados desobedecieron órdenes judiciales previas para devolver la mercadería a los afectados.
Ahora, un Tribunal Oral en lo Criminal determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados en un juicio público.
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