Tras una resolución comunicada ayer por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde el Cuerpo de Delegados y Delegadas de ATE en la Secretaría de Justicia perteneciente a dicha cartera lanzaron un comunicado para repudiar y denunciar el intento de vaciamiento de la política pública de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), los cierres y despidos de sus trabajadores con argumentos totalmente falsos, maliciosos y que desconocen la realidad de la comunidad, y para invitar a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil y la población en general a que se unan al estado de alerta y a que sumen su apoyo a través de las redes sociales con los hashtags #NoAlCierredelosCAJs y #AlertaCAJ.
Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada de ATE de la Secretaría de Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, comentó: “Estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy y que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento de los CAJ, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad. En la Secretaría de Justicia ya tenemos, hasta el momento, 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más”.
“El lunes nos vamos a estar presentando en el Ministerio de Justicia para que las autoridades nos reciban; el martes vamos a participar de las actividades del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Plaza del Congreso; y el miércoles vamos a asistir, obviamente, a la movilización contra la Ley Bases; y vamos a seguir en estado de alerta y asamblea permanente para decirle no al cierre de los CAJ”, agregó la Delegada.
A continuación, el comunicado completo lanzado por el Cuerpo de Delegados y Delegadas de ATE en la Secretaría de Justicia tras darse a conocer la resolución sobre el vaciamiento de los CAJ:
REPUDIAMOS LA RESOL-2024-178-APN-MJ sobre el vaciamiento de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) dictada por el Ministro de Justicia el día 6/06/24
En la misma se establece un plan de reorganización que priorice la atención virtual y telefónica de la comunidad, implementando para ello medidas que apuntan a justificar el masivo cierre de los CAJ y despidos de trabajadores/as.
Para esto el Ministro de Justicia alega que le compete: “entender en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos”. Lo cual es cierto, pero olvida que esto debe hacerse en el marco constitucional y convencional vigente, respetando el rol del Estado como garante de derechos y responsable por ende de su incumplimiento.
En ese marco el intento de vaciamiento y desaparición de los CAJ, constituye una violención de derechos en el acceso a la justicia de la población en general, incumpliendo el principio de progresividad y su consecuente no regresividad.
Los CAJ tienen presencia federal, 105 en todo el país, presentes en todas las provincias, en los barrios con mayor densidad poblacional, y con problemáticas sociales/económicas/ambientales sumamente críticas, donde la vulnerabilidad de derechos se ha profundizado en estos últimos tiempos.
Estos dispositivos están compuestos por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo en dónde se realizan abordajes Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales, garantizando una escucha transversal e interdisciplinaria, en donde siempre hay uno o más derechos insatisfechos. Garantizando la accesibilidad física y simbólica de la población, concepto necesario y obligatorio para que el derecho al acceso a la justicia se cumpla sobre todo los grupos en situación de vulnerabilidad acorde a las Reglas de Brasilia.
Es importante destacar que un equipo completo básico con esta composición tiene que ser con dotación mínima de 5 trabajadores. Dependiendo de la demanda geográfica y poblacional, el mismo puede requerir que su número de conformación sea mayor. El Ministro, en vez de completar estos equipos, alega y reconoce que hay equipos con 2 integrantes, otros con 4. Es decir, que al presente ya se está por debajo de la dotación mínima. Habiendo sufrido nuestro sector en el mes de abril del corriente año los despidos de más de 120 compañeros.
En este sentido, denunciamos que en la Resolución se refiere haber realizado: “un relevamiento de cada uno de los CAJ, a fin de evaluar su estado, capacidad de funcionamiento y el logro de sus objetivos”. Lo cual nunca existió. Desde el 10 de diciembre del 2023 estás dependencias se encuentran acéfalas de autoridades, no habiendo recibido orden alguna sobre metas y objetivos, no habiendo recibido visitas, ni pedido de informes a los equipos. Aún así los equipos siguen trabajando incansablemente en el acceso y restitución de derechos de la comunidad: atendiendo distintas problemáticas de inquilinos, jubilados, pacientes oncológicos , mujeres en situaciones de violencia de género, despidos de trabajadores, diversas problemáticas habitacionales, escolares, de salud mental, responsabilidad parental, conflictos vecinales, etc.
Por lo que resulta imposible y ampliamente malicioso determinar: “la existencia de un sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional y de recursos humanos, exceso ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia, realización de trámites ajenos a su tarea (carga de la tarjeta SUBE, obtención de documentos, etc.)”.
Esto demuestra que no conocen a la población ni a las comunidades que se atienden. Pensemos un sencillo caso: una persona necesita realizar una actuación judicial X, por ejemplo iniciar cuota alimentaria. El CAJ la asesora y acompaña en el proceso.Para poder iniciar el expediente judicial necesita recabar la documentación para iniciar la demanda (el CAJ articula con registros civiles por ejemplo), necesita ir hasta los organismos jurisdiccionales (se registra la sube para que puedan pagar el boleto con tarifa social), se la contiene emocionalmente con el equipo psico-social para que pueda afrontar y sostener el proceso judicial. Todo esto es un servicio integral de atención jurídica. Gran parte de nuestros/as consultantes no cuentan con recursos para sostener estos procesos, somos la red institucional de acompañamiento en el territorio, y si ocurriese el desmantelamiento de los CAJ, se afectaría el acceso a la justicia, efectivizando una regresión de derechos irreparable.
Los ciudadanos/as pueden en un sólo lugar resolver la mayoría de sus conflictos y no ir circulando de organismo en organismo, golpeando puertas sin ser escuchados/as, porque sus consultas suelen recibir como respuesta que: “no son de su competencia específica”. Precisamente, esa es una de las mayores fortalezas de los equipos interdisciplinarios de los CAJs, poder trabajar problemáticas de manera integral, interdisciplinaria y en articulación institucional. Es así que nuestro rol implica un diálogo constante con distintos actores del sistema judicial, trabajando de manera articulada y conjunta con los Servicios de Defensorías Públicas, Casas de justicia, Fiscalías, ya que nuestros roles son complementarios y a veces incluso contrapuestos.
Las Defensorías Públicas, con quiénes trabajamos en el cotidiano, tienen límites de ingresos para la atención y patrocinio gratuito y, a la vez, no proporcionan asesoramiento y patrocinio jurídico sobre todas las materias, quedando por fuera múltiples situaciones que derivan a los CAJ para su asesoramiento o mediación comunitaria. Cabe agregar que nuestro rol como garante de derechos es muchas veces poner en pugna a las defensorías cuando no dan un patrocinio de calidad o suceden situaciones de maltrato institucional, lo mismo ocurre con las Fiscalías.
No existe en el territorio nacional organismo municipal o provincial que realice la misma tarea que los CAJs. Por lo que la propuesta a que el ciudadano concurra directamente a Fiscalía o a Defensoría para atención presencial en el caso de que quede la política pública reducida a un centro de atención virtual, es ampliamente improcedente, e inaccesible para la ciudadanía en general. Siendo que un amplio sector poblacional no dispone de recursos simbólicos, materiales ni económicos para acceder a una mínima llamada o mensaje por celular.
El Ministerio considera que el gasto que implica el funcionamiento de los CAJ (sueldos de los trabajadores en su gran mayoría, ya que menos del 20% tienen canon locativo, y los muchos servicios como agua e internet son pagados mayoritariamente en la actualidad por los mismos trabajadores o las instituciones que les proveen lugar físico para la atención) podría ser destinado a la atención de problemáticas sociales de mayor envergadura. Aquí surge la pregunta, ¿qué problemáticas sociales son mayores a las que atienden los CAJ?
La resolución en pugna plantea que los ciudadanos: “puedan acceder al mismo servicio que ofrecen los CAJ de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal”. Y que para eso: “ se implementará un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles, fortaleciendo líneas telefónicas y casillas de correo, y reducir a un CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA por cada provincia”. Es decir, plantean reducir la política pública a un call Center.
La población que accede a los CAJs es variada, mucha de ella es analfabeta digital, acuden a nuestras dependencias justamente a recibir ayuda para ingresar a plataformas digitales de diferentes política públicas/programas sociales, ya que desconocen o no poseen los medios para acceder, como ser a: boleto estudiantil, partidas digitales, actualizaciones de datos del ahora “Volver al Trabajo”, los TAD, Progresar, etc. Además, nuestra atención abarca a la población de personas con discapacidad o con analfabetismo, el incumplimiento de protección y accesibilidad en las políticas públicas de acceso a la justicia por parte del Estado, acarrearía una fragante violación a la legislación internacional con rango constitucional en nuestro país.
A su vez, asistir psicológica o jurídicamente a una persona de manera virtual, tiene limitaciones no sólo desde lo profesional, sino que deja por fuera a aquellas que no cuentan con recursos tecnológicos ni internet. No mencionar en la Resolución Ministerial el necesario labor de las/los Trabajadores Sociales, da cuenta del total desconocimiento sobre la intervención de los CAJ en problemáticas psicosociales/judiciales que se presentan diariamente.
Por todo esto denunciamos el intento de vaciamiento de la política pública de los Centros de Acceso a la Justicia, los cierres y despidos de sus trabajadores, con argumentos totalmente falsos y maliciosos, que desconocen la realidad de la comunidad, invitando a las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la población en general a que se una al estado de alerta, y se sume a través de las redes sociales con los #noalcierredelosCAJs #alertaCAJ.
