Una vecina del barrio cerrado Cooperativa Cervecero de Quilmes denunció "persecución financiera" y trato abusivo por parte de la administración

En una situación que pone de manifiesto la creciente tensión entre administraciones de barrios cerrados y propietarios en crisis, una madre soltera denunció ser víctima de un manejo "malicioso" de su deuda de expensas. La afectada señala al estudio Capra y Asociados por imponer intereses asfixiantes y negarse a recibir pagos, llevando el caso a un juicio ejecutivo sin mediación previa.

La "trampa" de los intereses

La pesadilla de la vecina, que reside junto a sus dos hijos menores en una vivienda cedida por un familiar, comenzó tras la pérdida de su empleo. A pesar de su intención de regularizar la situación, denuncia que el convenio de pago otorgado en mayo de 2025 contenía cláusulas abusivas: un interés mensual del 5% adicional, independientemente del cumplimiento de las cuotas.

"Era una bola de nieve. Cada cuota era más cara que la anterior aunque pagara en término. Con un sueldo básico, se vuelve una meta inalcanzable", relató la damnificada, cuya identidad se mantiene bajo reserva por la presencia de menores.

Falta de respuesta y judicialización directa

La situación alcanzó un punto crítico en diciembre, cuando tras un breve atraso por problemas de salud familiares, la administración interrumpió la comunicación. Según la denuncia:

• Rechazo de pagos: La administración dejó de imputar los pagos realizados, impidiendo que la deuda baje.

• Negativa de diálogo: Se rechazaron cartas documento y pedidos de nuevos planes de pago acordes a la capacidad económica de la habitante.

• Juicio Ejecutivo: Sin intimaciones previas ni instancias de mediación, se inició un proceso judicial que pone en riesgo la estabilidad habitacional de la familia.

Vulnerabilidad y falta de empatía

La denunciante sostiene que el administrador ha actuado con "malicia", ignorando sistemáticamente su situación de madre soltera y sostén de hogar. A pesar de haber mantenido contacto permanente y haber demostrado voluntad de pago, la respuesta del barrio —gestionado por Capra y Asociados— fue el silencio y la vía judicial.

"Siento que buscan llevar esto a un extremo para asfixiarme financieramente, sin tener en cuenta que hay niños en el medio y que siempre quise pagar", concluyó la vecina.

El rol de la justicia

El caso ahora queda bajo la lupa legal, donde se deberá determinar si los intereses aplicados por la administración a Débora Domínguez califican como usureros y si se violó el derecho de defensa de la mujer al no ser intimada correctamente antes de iniciar la demanda ejecutiva.