Familiares, amigos y excompañeros de trabajo del ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires José Antonio Cácere reclaman públicamente una revisión urgente de la condena que lo mantiene privado de su libertad desde hace más de siete años.
Cácere fue condenado a prisión perpetua por la muerte de Ariel Canizzo, ocurrida el 22 de octubre de 2011, durante un procedimiento policial en el que intervino personal de la Comisaría Berisso 3.ª.
Sin embargo, la defensa sostiene que las pruebas incorporadas al expediente, especialmente las pericias oficiales, no acreditan que la muerte haya sido consecuencia de una agresión.
La autopsia oficial, realizada por la Asesoría Pericial Departamental La Plata e integrada por los Dres. Andrea Sánchez, Juan José Granillo Fernández, A. García Olivera y la bioquímica Irma Garrote, concluyó que no existían golpes ni lesiones traumáticas y determinó como causa de muerte un edema agudo de pulmón derivado de una cardiopatía preexistente, agravada por el consumo de cocaína y diazepam.
Asimismo, el legajo fotográfico confeccionado al momento del ingreso de Canizzo a la Comisaría Berisso 4.ª muestra que el detenido no presentaba lesiones visibles ni signos de violencia.
A ello se suman las declaraciones de los efectivos de la Comisaría Berisso 4.ª, quienes manifestaron haber recibido al detenido sin observar lesiones ni signos compatibles con una agresión. Según expresaron, de haber advertido golpes o un estado físico preocupante, el procedimiento habitual habría sido derivarlo inmediatamente a un centro asistencial y no alojarlo en la dependencia policial.
En la misma línea, el médico policial que examinó a Canizzo tampoco constató lesiones, mientras que el propio detenido no manifestó haber sido golpeado.
Además, Helguera, quien compartió la celda con Canizzo, declaró durante el juicio que jamás lo vio lesionado, que hablaba, cantaba, comía normalmente y que nunca solicitó atención médica.
Pese a este conjunto de elementos, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de La Plata, integrado por los Dres. Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Silvia Hoerr, condenó a José Antonio Cácere otorgando valor decisivo a una pericia de parte elaborada por Omar Alejandro Ledesma, quien nunca examinó el cuerpo y confeccionó su informe únicamente sobre la base de una fotografía.
Ese informe utilizó expresiones hipotéticas como "podría tratarse", "posiblemente" o "compatible con", sin arribar a conclusiones médicas categóricas.
Cabe destacar que la jueza Silvia Hoerr votó en disidencia, sosteniendo que las pruebas reunidas no alcanzaban para dictar una condena.
Posteriormente, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires reconoció que no se encontraba acreditada una golpiza, aunque igualmente confirmó la condena, decisión que incrementó los cuestionamientos sobre la valoración de la prueba realizada durante el proceso.
Actualmente, la causa se encuentra radicada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo el expediente CSJ 001980/2023-00 – Secretaría N.º 3, con la representación del Dr. Fabián Améndola, del Estudio Jurídico Fernando Burlando.
En respaldo del pedido de revisión, ya fueron presentados tres amicus curiae por organizaciones de reconocida trayectoria:
Inocente Colectivo.
Grupo de Revisión de Causas Armadas y de Género.
Fundación Apolo.
Estas organizaciones solicitaron a la Corte Suprema que analice integralmente el expediente por considerar que el caso presenta cuestiones de relevancia institucional vinculadas con la valoración de la prueba, las garantías del debido proceso y el derecho a una revisión judicial plena.
Para la familia de José Antonio Cácere, estas presentaciones reflejan que el caso excede una situación individual y pone de manifiesto la necesidad de revisar cuidadosamente una condena que, según sostienen, no se corresponde con las pruebas incorporadas al expediente.
"Nos arrebataron un padre, un esposo y un trabajador ejemplar. Nuestros hijos crecieron viendo pasar la vida de su papá detrás de una reja. Solo pedimos que la Corte Suprema lea la causa completa y valore todas las pruebas con objetividad. Confiamos en que la verdad finalmente pueda ser escuchada", expresaron sus familiares.
Hoy, familiares, amigos y quienes acompañan el caso renuevan el pedido para que el expediente sea revisado en profundidad y convocan a la sociedad a difundir esta historia.
"No pedimos privilegios. No pedimos impunidad. Pedimos que se lea la causa y que la Justicia analice todas las pruebas antes de decidir el futuro de una persona."
