Desmantelamiento institucional, La situación actual de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Red Vial Nacional no es el resultado de errores de gestión, limitaciones técnicas ni falta de recursos. Es la consecuencia directa de una decisión política deliberada: vaciar al Estado de su capacidad vial, paralizar el mantenimiento y degradar una función estratégica que sostiene la seguridad, la producción y la integración territorial del país.
Desde diciembre de 2023, la DNV atraviesa el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación. El intento de disolución mediante el Decreto 461/2025 —luego rechazado por el Poder Judicial y el Congreso— dejó en evidencia una ofensiva ideológica contra la infraestructura pública.
Aunque la disolución fue frenada, el vaciamiento continúa por otras vías: expulsión de personal técnico altamente calificado, congelamiento salarial, retiro voluntario forzado y asfixia presupuestaria sistemática.
Más de 800 trabajadores especializados ya fueron expulsados del organismo y se proyecta la salida de otros 900. No se trata de “eficiencia”: es una política de destrucción del capital humano acumulado durante décadas. Hoy la DNV existe formalmente, pero ha sido transformada en un cascarón institucional, sin capacidad operativa real para cumplir su función.
En paralelo, el ajuste presupuestario es brutal y deliberado. El Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023, a lo que se suma una subejecución superior al 50% durante 2024 y 2025. Incluso los fondos específicos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos —creado para financiar rutas— no se ejecutan, pese a que la recaudación existe y los usuarios siguen pagando. No hay restricción fiscal: hay decisión política de no invertir.
Las consecuencias son visibles y medibles. Entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo. El mantenimiento preventivo fue abandonado y reemplazado por bacheos precarios que solo “administran el riesgo” hasta el próximo accidente. La velocidad media cae, los costos logísticos se disparan, la competitividad regional se erosiona y la siniestralidad vial aumenta. Las muertes en rutas no son estadísticas inevitables: son muertes evitables, resultado directo de decisiones políticas. La ruptura del pacto fiscal vial es total. Los ciudadanos pagan impuestos para rutas que no se mantienen, no se rehabilitan y no se construyen. La falta de trazabilidad de los fondos erosiona la legitimidad del Estado y alimenta conflictos territoriales, judiciales y sociales. No sorprende que en muchas rutas la sociedad haya comenzado a organizarse, señalizar peligros y reclamar en las calles lo que el Estado dejó de hacer.
El problema de la red vial nacional no es técnico. Los diagnósticos existen, los proyectos están formulados y los recursos están disponibles. El problema es político y decisional. Persistir en este rumbo no es ajuste ni modernización: es
abandono. Cada kilómetro no mantenido hoy es un pasivo técnico, económico y judicial mañana. Cada peso “ahorrado” hoy se multiplicará por tres, cinco o más en reconstrucción futura.
La infraestructura vial no es un gasto: es inversión pública, seguridad, desarrollo y soberanía. Desmantelar la DNV implica más muertes, más desigualdad territorial y mayor dependencia de esquemas concesionados sin control público.La discusión no es peaje sí o no, ni obra pública sí o no: la discusión es si el Estado cumple o abdica de una de sus funciones esenciales.
Las rutas no colapsaron por azar. Están siendo abandonadas. Y ese abandono tiene responsables políticos concretos.

1. La DNV como organismo estratégico: de política de Estado a variable de ajuste

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), creada como organismo autárquico mediante el Decreto-Ley 505/58, fue históricamente el instrumento central del Estado argentino para garantizar conectividad territorial, integración productiva y seguridad vial. Su rol excede ampliamente la obra pública: articula soberanía, logística, desarrollo regional y reducción de desigualdades.
Al 31/12/2025, la DNV atraviesa el proceso de vaciamiento institucional más profundo desde su creación, no explicable por ineficiencias administrativas ni por  una transición ordenada hacia nuevos esquemas de gestión. Se trata de una
decisión política explícita de desfinanciar, paralizar y degradar la función vial del Estado, con impactos directos sobre la vida cotidiana, la producción y la seguridad de millones de personas
2. Colapso de la capacidad técnica: despidos, retiro del saber y destrucción del capital humano
Entre diciembre de 2023 y comienzos de 2026, la DNV perdió más de 800 agentes técnicos y operativos, incluyendo ingenieros, laboratoristas, topógrafos  mecánicos y maquinistas altamente especializados. A esto se suma la apertura de un retiro voluntario que podría eliminar otras 900 posiciones, consolidando una pérdida estructural de capacidades no recuperables en el corto plazo El intento explícito de disolución del organismo —finalmente frenado por la acción de esta Organización gremial— evidencia que no existe un plan alternativo serio para reemplazar las funciones técnicas de Vialidad. El resultado es un organismo formalmente existente, pero operativamente incapacitado, un “cascarón institucional” sin músculo técnico ni autonomía decisoria.
3Impacto del Decreto 461/2025: Vaciamiento Institucional, desguace del capital humano y asfixia financiera como política de Estado. El 7 de julio de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional avanzó, mediante el Decreto N.º 461/25, en un intento de disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), uno de los organismos estratégicos del Estado argentino en materia de infraestructura, conectividad territorial y seguridad vial. La medida, adoptada de manera unilateral y sin sustento técnico, se inscribió en una ofensiva más amplia de desmantelamiento del Estado, ejecutada al amparo de facultades delegadas
y en abierta tensión con el principio de división de poderes.
Este avasallamiento institucional fue frenado en una primera instancia por el Poder Judicial, a partir de una medida cautelar impulsada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional – Casa Central y 1.º Distrito (SEVINA), adherido a la FEPEVINA, que actuó en defensa no solo de los puestos de trabajo, sino del interés público comprometido en el mantenimiento y la gestión de la red vial nacional.
Posteriormente, el Congreso de la Nación —tanto la Cámara de Diputados como el Senado— rechazó el decreto, dejando en evidencia la debilidad jurídica y política de una decisión que pretendía vaciar competencias esenciales del Estado por la vía del decreto y eludir el debate democrático.
Nada de esto hubiera sido posible sin la movilización sostenida y organizada de las trabajadoras y los trabajadores de la DNV, junto a otros organismos del Estado igualmente atacados por la misma batería de decretos. Fue la acción colectiva, en las calles y en el ámbito institucional, la que logró poner un límite a una política de ajuste extremo, reafirmando que la infraestructura vial, el empleo público especializado y la planificación territorial no son variables de ajuste, sino pilares del desarrollo nacional.
Hoy, la Dirección Nacional de Vialidad sigue existiendo formalmente. Pudimos evitar su disolución, pero el vaciamiento avanza por otras vías, más silenciosas y no menos destructivas, pero igual de efectivas para desmantelar el organismo. Es a través de dos mecanismos: El primer mecanismo, mediante un desguace deliberado de su capital humano y la desvinculación progresiva de personal especializado y altamente calificado. El organismo cuenta actualmente con alrededor de 4.800 trabajadoras y
trabajadores, muchos de ellos con décadas de experiencia técnica, territorial y operativa. El gobierno nacional, a través de su Administrador, lanzó un retiro voluntario forzado en los hechos, cuyo objetivo explícito es provocar la salida de
unas 900 personas, es decir, casi el 20 % de la dotación. A esto se suma un congelamiento salarial de más de 15 meses, que licúa los ingresos, empuja a la renuncia y convierte al salario en una variable de ajuste. No es desorganización:
es una política de expulsión.
El segundo mecanismo, el vaciamiento se consolida por la vía presupuestaria.
El Presupuesto 2026 cristaliza un ajuste brutal del 75 % en términos reales respecto de 2023. Como si eso no alcanzara, durante 2024 y 2025 el propio Estado nacional subejecutó cerca del 50 % de los recursos asignados, incluso negándose a aplicar los fondos específicos que por ley corresponden a Vialidad Nacional, provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. No es falta de recursos: es una decisión política de asfixia financiera. Los recursos existen, pero se decide no invertirlos.
Con la decisión política de “obra pública cero”, el gobierno nacional no solo puso en situación de emergencia a la Red Vial Nacional, sino que golpeó directamente a la Dirección Nacional de Vialidad y a sus trabajadoras y trabajadores. No es
austeridad ni eficiencia: es una decisión ideológica que deteriora la infraestructura, debilita al Estado y pone en riesgo la seguridad vial en todo el país.
La decisión política de “obra pública cero” no solo condena a la Red Vial Nacional a una situación de emergencia permanente, sino que desmantela deliberadamente a la Dirección Nacional de Vialidad y golpea directamente a sus trabajadores y trabajadoras quienes sostienen día a día el funcionamiento de la infraestructura estratégica del país.
No es austeridad ni eficiencia: es una decisión ideológica que deteriora la infraestructura, debilita al Estado y pone en riesgo la seguridad vial en todo el país.
Tampoco se trata de eficiencia ni de modernización: se trata de vaciar, paralizar y preparar el terreno para la entrega.
Estado crítico de la Red Vial Nacional: deterioro acelerado y riesgo creciente
Los datos oficiales del SIG VIAL muestran que al menos el 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, con mediciones parciales y desactualizadas. Proyecciones conservadoras indican que el deterioro real
podría alcanzar al 65% y un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todas las provincias.