La licitación del gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro dejó al descubierto una paradoja inquietante: Tenaris, líder global en tubos de acero, quedó fuera por una diferencia de precio del 40%. El caso expone, con crudeza, las fallas estructurales de la competitividad argentina y reabre el debate sobre costos, impuestos y política industrial.

Por Miguel Scozzari, presidente del Movimiento Productivo Argentino. 

El resultado de la licitación para la provisión de caños del gasoducto de 500 kilómetros que unirá Vaca Muerta con Río Negro provocó un verdadero sismo en el tablero industrial argentino. El dato es contundente: el conglomerado indio Welspun se adjudicó el contrato por US$ 203 millones, desplazando a Tenaris —la empresa del Grupo Techint y único fabricante local del rubro— por una diferencia de precio cercana al 40%. Más allá del impacto para el holding liderado por Paolo Rocca, el episodio deja al desnudo las debilidades estructurales de la competitividad local.

La noticia instala una pregunta inevitable entre analistas y ejecutivos del sector: ¿cómo es posible que una compañía como Tenaris, que produce cerca del 25% de los tubos que utilizan las petroleras en Estados Unidos, no logre ser competitiva en su propio país?

Un primer intento de respuesta remite al posicionamiento internacional de los productos de Techint. En los mercados globales, sus tubos son considerados “premium”, lo que suele ubicarlos entre un 10% y un 25% por encima de sus competidores, respaldados por estándares de calidad superiores y servicios locales integrales. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente para justificar la magnitud de la brecha observada en esta licitación.

Aquí vuelve a emerger el ya conocido “costo argentino”. La elevada carga impositiva, los costos laborales y energéticos, junto con una logística ineficiente, ayudan a explicar parte del diferencial. Pero incluso sumando todos esos factores, el salto hasta el 40% frente a la oferta india marca una anomalía difícil de soslayar.

La paradoja es total: el mismo acero que se impone en los yacimientos de shale de Norteamérica resulta prohibitivo para un proyecto estratégico en la Patagonia. Si bien desde Techint se atribuyen los precios más altos a la calidad del acero y al valor del servicio local, el factor costo fue determinante para los socios del consorcio Southern Energy —PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour y Golar— a la hora de definir la adjudicación.

Ni siquiera el paraguas del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que habilita exenciones impositivas para la importación de bienes de capital, logró cerrar la brecha. Aun aplicando aranceles del 12,5% a las importaciones asiáticas, la distancia entre Tenaris y sus competidores se reduciría apenas a un rango del 20% al 25%, una diferencia todavía considerable que las mejoras de eficiencia interna no alcanzan a compensar. A esto se suma el fenómeno del dumping internacional, en particular desde China, donde los subsidios estatales superan ampliamente —hasta diez veces— los niveles promedio de los países de la OCDE.

El escenario deja en evidencia que la política económica no puede pensarse en términos binarios ni con soluciones de corto plazo. No se trata simplemente de subir o bajar aranceles para inclinar la balanza a favor de un actor puntual. La experiencia argentina muestra que los “parches” arancelarios suelen derivar en mercados cautivos, donde una o pocas empresas protegidas operan como verdaderos “cazadores de zoológico”, con márgenes extraordinarios y escasos incentivos a mejorar su competitividad.

En última instancia, el dilema que enfrenta el Gobierno y el sector energético es estratégico. ¿Hasta dónde es viable priorizar la producción nacional cuando las diferencias de costos ponen en riesgo proyectos de escala global? En la mesa de Southern Energy, el debate fue tan delicado como concreto. Pese a los intentos por encontrar alternativas que permitieran a Techint mejorar su oferta, la mayoría de los socios concluyó que absorber un sobrecosto de esa magnitud comprometía la viabilidad económica del proyecto de exportación de GNL, valuado en unos US$ 15.000 millones.

Privilegiar la industria local a cualquier precio podría encarecer toda la infraestructura energética, restándole competitividad al país frente a otros exportadores globales. Por otro lado, la pérdida de estos contratos pone en riesgo la supervivencia de plantas históricas, como Tenaris-SIAT en Valentín Alsina, que emplea a cientos de personas.

El debate se plantea como dilema ¿abrir la economía para garantizar costos bajos o sostener un entramado industrial que hoy lucha por ser competitivo incluso en su propio patio trasero? Pero el desafío de fondo es mucho más complejo: se trata de nivelar la cancha y eso implica desarmar el entramado tributario que encarece la producción, atacar los costos logísticos y operativos y reducir de manera sistémica el denominado “costo argentino”. Solo a través de reformas estructurales que bajen la carga impositiva y los costos generales de producir será posible que las empresas locales no solo sobrevivan, sino que compitan en igualdad de condiciones y transformen la protección defensiva en una verdadera capacidad exportadora.

En este punto, creo que desde el Movimiento Productivo Argentino podemos realizar un gran aporte y es por ello que hemos decidido crear una mesa de trabajo multidisciplinaria, para desarrollar un conjunto de propuestas concretas que acompañen “dinámicamente” las necesidades productivas y los desafíos que plantea el mercado, para que nuestra industria pueda crecer y desarrollarse en un modelo sostenible y competitivo.