Una marca icónica se reinventó para no desaparecer. Lo logró. Pero en el camino quedaron 170 trabajadores afuera, y hoy buscan reemplazarlos con 60. Ese saldo no puede ignorarse.

Por Miguel Scozzari*
Hay empresas que forman parte del paisaje cultural de un país. Lumilagro es una de ellas. Durante décadas, el termo con ampolla de vidrio fue casi un símbolo patrio: estaba en las cocinas, en los vestuarios, en los kits de los viajantes, en la memoria afectiva de generaciones de argentinos. Fabricado en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, con una integración industrial que incluía la producción propia de las ampollas de vidrio, era un ejemplo de lo que la industria nacional podía hacer cuando las condiciones lo permitían.
Ese modelo llegó a su límite. Los hornos se apagaron después de más de ocho décadas. La empresa dejó de fabricar localmente las ampollas de vidrio y comenzó a importar productos y componentes desde China. La planta de Tortuguitas no cerró, pero quedó reducida a tareas de ensamblado, personalización y control de calidad. El cambio fue profundo y, según diversas coberturas periodísticas, estuvo motorizado por una combinación de factores que se fueron acumulando sin pausa: la caída del segmento del termo de vidrio frente al auge del termo de acero, el ingreso de productos importados más baratos, el contrabando que presionaba precios desde Paraguay y el norte del país, y la imposibilidad de competir en costos con la oferta asiática.
La empresa tuvo que elegir entre reconvertirse o morir. Eligió reconvertirse. Y en eso hay que ser claros: esa decisión merece ser valorada. No es sencillo cambiar un modelo de negocios que funcionó durante décadas. No es fácil abandonar lo que fue el corazón productivo de una firma para apostar por un esquema nuevo, más orientado a la marca, el diseño, la personalización y la comercialización. Lumilagro lo hizo. Hoy exporta a Estados Unidos, España, Francia, Australia y Chile, y acaba de anunciar la apertura de 15 locales propios en distintas ciudades del país, junto con la incorporación de 60 nuevos empleados para atención al cliente, logística y operaciones comerciales.
Todo eso es positivo. Sin embargo, hay una cuenta pendiente que no puede pasarse por alto. En el proceso de reconversión, la empresa desvinculó a alrededor de 170 trabajadores entre despidos y retiros voluntarios. En su momento de mayor dotación, Lumilagro llegó a tener más de 300 empleados directos. Hoy, en la nueva etapa, busca incorporar 60. El saldo neto es 110 puestos de trabajo menos. Y esos 60 nuevos puestos, además, no son los mismos que los que se perdieron: los perfiles que se buscan son distintos, probablemente las personas también sean distintas, y las condiciones laborales, al menos en parte, también.
Dicho esto, y para ser justos: es mucho mejor que la empresa se reconvierta, funcione y vuelva a crecer, a que se hunda y cierre definitivamente. Sesenta empleos son infinitamente preferibles a cero. Una empresa que exporta y abre locales es una empresa que genera valor, aunque ya no fabrique como antes. Nadie puede pedirle a una firma privada que sostenga puestos de trabajo a pérdida indefinidamente. Su lógica es la supervivencia y el crecimiento, y cuando ese crecimiento se da, genera empleo, paga impuestos y contribuye al entramado económico. Eso está sucediendo con Lumilagro.
Pero el problema de fondo no desaparece por el hecho de que la empresa haya sobrevivido. Lo que el caso Lumilagro desnuda, una vez más, es que la Argentina no tiene respuestas adecuadas para los trabajadores que quedan en el medio de estos procesos de transformación productiva. Las reconversiones industriales no son una rareza ni un fenómeno pasajero: son la norma en un mundo que cambia rápido, con cadenas de valor que se reconfiguran y tecnologías que vuelven obsoletos modelos que hace diez años eran sólidos. Y en ese contexto, lo que le pasó a los trabajadores de Lumilagro le va a seguir pasando a trabajadores de otras industrias, en otros sectores, en otras provincias.
El Estado tiene ahí un rol que todavía no terminó de construir. No se trata de proteger empresas inviables ni de levantar barreras para frenar la competencia externa a cualquier costo. Se trata de algo más concreto y más urgente: mejorar las condiciones para que las empresas argentinas puedan competir en serio, bajando la presión impositiva, mejorando la infraestructura logística y reduciendo el costo de producción local. Y al mismo tiempo, desarrollar herramientas reales de reconversión y reinserción laboral para quienes quedan afuera cuando una industria cambia. Programas de recapacitación, esquemas de transición, articulación entre el sector público y el privado para que los trabajadores desplazados no queden librados a su suerte mientras el resto del sistema sigue girando.
Lumilagro sobrevivió. Eso es bueno. Pero la historia completa incluye también a los 110 trabajadores que no van a volver. Para que la próxima reconversión tenga un saldo menos doloroso, el Estado tiene que estar ahí antes, no después.

*Miguel Scozzari es economista, empresario y presidente del Movimiento Productivo Argentino.